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ALBERTO CORTEZ:»El DNU, es un traje a medida del gran capital, al que representa el actual gobierno»..

La Ley Bases

Apenas asumido Javier Milei lanzó dos iniciativas contundentes tendientes a reformular en algunos casos (y crear las condiciones para reformular, en otros) muchísimos aspectos de la vida nacional, con el objetivo central de empobrecer aún más a los sectores de bajos ingresos y medios, y trasladar los recursos allí despojados a una minoría de grandes empresarios: La verdadera “casta” que rige y aprovecha los destinos del país desde hace muchas décadas y que se enriquece a toda velocidad en períodos como la dictadura militar, el menemismo, el macrismo y el gobierno actual. Y que en gobiernos de otro tipo, en esas mismas décadas, ha tenido – al menos – algunas barreras para atropellar tan impunemente los derechos del resto de la sociedad. El Estado Hood Robin, que roba a los pobres para entregar a los ricos, en períodos como el presente.

Una de esas iniciativas, el DNU, aprovecha un mecanismo constitucional creado, como su nombre “necesidad y urgencia” lo indica, para situaciones excepcionales y realmente urgentes, en los que los tiempos legislativos requeridos para sancionar leyes, o las situaciones de receso parlamentario en el verano, no permiten esperar para poner en vigencia normas que por su importancia requerirían el aval del Congreso. Así, la Constitución autoriza al presidente a hacerlo provisoriamente. La Carta Magna da, por supuesto, al legislativo, la facultad de anular los DNU; pero requiere para ello, el voto negativo de ambas cámaras.

Milei, abusó ostensiblemente de este mecanismo al incluir una enorme cantidad y diversidad de temas, que obviamente exceden ampliamente el carácter de “excepcional”. Lo hizo en un período en el que él mismo puso – a través de la convocatoria a sesiones extraordinarias – a funcionar al Congreso (o sea no es argumentable que no se podía impulsar el proceso normal de sanción de leyes). Luego, empleó todas las argucias leguleyas disponibles para estirar – en lo posible hasta el infinito – el momento en que el Parlamento revisara esta norma. Lo consiguió a medias, ya que en marzo el Senado rechazó el DNU por una abrumadora mayoría, pero ha logrado hasta ahora esquivar el tratamiento en Diputados, y mientras tanto sigue rigiendo. La Justicia tiene también la posibilidad de invalidar el DNU, pero por el momento, lo ha hecho sólo en el capítulo referido a las leyes laborales.

La otra iniciativa, inicialmente incluía también una enorme cantidad de cuestiones muy diferentes, en más de 600 artículos, por ello bautizada como “ley ómnibus”. En consonancia con su megalomanía y pretensiones fundantes de un “nuevo país”, el gobierno – rememorando la obra de Alberdi, antecedente principal de la Constitución, la llamó “Ley de Bases y punto de partida para la Libertad de los Argentinos”. En este caso, se intentó respetar un poco más los mecanismos constitucionales y fue enviada al parlamento para su trámite regular, dado que además los DNU no pueden abordar ciertos temas. Lo que no fue nada prolija es la gestación del proyecto que, sin que nadie se ruborice, se reconoce que es autoría principal de Federico Sturzenegger, quien hasta apareció al lado del presidente en algún discurso importante, por ello; sin ocupar formalmente ningún cargo público; y varias evidencias mostraron después que fue redactado por abogados de grandes empresas, en un proceso donde obviamente cada uno agregó lo que le convenía a su sector.

Más desprolijo aún fue el primer intento de aprobarla en diputados: Tras su aprobación en general, al tratarse en particular, varios artículos fueron rechazados y el propio oficialismo decidió retirarla. El grado de torpeza e improvisación fue tal que los más encumbrados representantes gubernamentales que intervinieron en el retiro – a pesar de tener algunos de ellos, como el Ministro del Interior y el propio presidente, en su curriculum varios años como legisladores – desconocían aspectos básicos del Reglamento de la Cámara, y creían (erróneamente) que al volver el proyecto a ser nuevamente tratado en comisiones, algunas cuestiones como la aprobación en general y los artículos aprobados se mantenían en pie.

Ahora, tras un par de meses de negociaciones (con el invalorable aporte de la “expertise” parlamentaria del Pro, de la que carecen los mal llamados “libertarios”), con bloques afines al gobierno y otros no tan afines, pero vinculados con gobiernos provinciales que negociaron intereses propios a cambio; la “ley ómnibus” se redujo a “ley combi”, con la mitad de los artículos (eliminándose temas en los que no hubo acuerdo) y fue acompañada por un paquete fiscal. El gobierno logró la aprobación – con algunas modificaciones – del conjunto, que ahora pasó al Senado, donde los números son más apretados. Lo más probable, por el momento, es que si se aprueba sea con cambios importantes, que obliguen la vuelta a diputados y compliquen aún más el objetivo mileísta de tenerla antes del 25 de mayo, fecha en la que quiere otra puesta en escena “fundacional”.

Para aumentar su escasa base parlamentaria, Milei, después de haber recortado – hasta bastante más allá del límite de la legalidad – recursos que correspondían a las provincias, va largando con cuentagotas algunos, a los gobernadores que acceden a presionar a los legisladores de sus territorios para que voten las iniciativas oficialistas, habiéndolo conseguido con algunos, incluso de origen peronista.

De aprobarse en senadores lo que salió de diputados, entre muchísimos temas que comprende, la ley elimina derechos laborales: Por ejemplo elimina las sanciones a los empleadores al ser descubiertos teniendo trabajadores en negro, siendo por ello un gran estímulo para el aumento del trabajo en negro, que es uno de los principales problemas del empleo en la Argentina; y también del sistema previsional, ya que ese más de un tercio (que seguramente aumentará) de empleos en negro, no aportan al sistema previsional. Se da por tierra con la moratoria previsional, que venía permitiendo a muchas víctimas de décadas de trabajo en negro, especialmente mujeres, jubilarse.

Extiende los períodos de prueba, es decir el tiempo durante el cual un empleador puede tener un empleado al que pueda echar sin que tenga derecho a indemnización. Ahora serán de 6 a 12 meses, dependiendo del tamaño de la empresa y de los convenios; y favorecerá la práctica de echar gente antes de culminar el período, para evitar la adquisición de derechos laborales y que esos trabajadores no reclamen ningún abuso patronal, días de descanso, etc. También introduce mecanismos que, en el tiempo, tenderán a la desaparición de las indemnizaciones, de modo que echar sin causa se convierta en una costumbre, y su amenaza, una nueva herramienta de presión para que el trabajador acepte condiciones indignas sin chistar.

El proyecto con media sanción incluye también la privatización de empresas como Aerolíneas Argentinas (Que ya fue “privatizada” en 1990, mejor dicho, extranjerizada, ya que el comprador fue una empresa estatal, pero de otro país: España. Esa privatización fue extremadamente ruinosa para la empresa y para propio Estado argentino, que retomó su control en 2008); ENARSA y otras. También la concesión de empresas que ya lo habían sido con pésimos resultados como Aguas y Saneamientos Argentinos SA, Correo Argentino (saqueado en su momento por la familia Macri), Belgrano Cargas y varias más.

El paquete fiscal prevé la restauración del impuesto a las ganancias para los trabajadores (cuya eliminación había sido votada entre otros por Milei, quien afirmó que se cortaba un brazo antes que poner impuestos) y la reducción del impuesto sobre Bienes Personales, que pagan las personas de mayor patrimonio: Bajan impuestos a los ricos (aumentando el déficit fiscal, supuesto Gran Satán) y aumentan a los sectores medios. También se aumentan los impuestos a monotributistas y se amenaza al monotributo social.

Se establece un nuevo blanqueo de capitales, beneficiando a quienes han eludido impuestos y cometido delitos. El proyecto es tan favorable al lavado de capitales, que ya ha generado alarmas en el GAFI (organismo internacional de prevención del lavado). Se crea un nuevo régimen de inversiones, que otorga enormes exenciones impositivas para quienes inviertan (o simulen invertir, ya que puede tratarse meramente de la compra de una empresa nacional preexistente, que no tenía esos beneficios). Pero sólo para las inversiones mayores a 200 millones de dólares. Nada de beneficios para las PyMes, que son las que generan más del 80% del empleo.

También se han aprobado normas que habilitan la cesantía de unos 100.000 empleados públicos.

En esta “Ley Ómnibus” (que contempla además delegación de poderes y muchos otros aspectos), no hay un solo asiento para los sectores populares de la Nación. Es un traje a medida del gran capital, al que representa el actual gobierno.

Además de las medidas prácticas nefastas que implica, el gobierno busca algunos triunfos simbólicos como fue la aprobación en diputados, y como lo sería su aceptación en el Senado; que reviertan derrotas como la vuelta a comisión de esta misma ley (en versión aún más gigantesca), a principios de año y absoluta escasez de triunfos legislativos hasta hace una semana.

El PRO apoya sin reservas (públicas, porque Macri recela que Milei intenta robarse toda su construcción política). La mayoría del radicalismo, los legisladores de Carrió y Stolbitzer dieron vergüenza ajena, argumentando enfáticamente en contra de la ley y luego votándola a favor.

Milei necesita imperiosamente algunos triunfos políticos para mostrar viabilidad de su gobierno ante el FMI y muchos socios locales, que se sienten claramente beneficiarios de sus políticas, pero desconfían de la estabilidad futura de un gobierno sentado sobre la olla a presión de la creciente miseria popular, la recesión económica y la falta de dólares para que las cuentas le cierren. En las próximas semanas y meses se sabrá si algo de esto y de algunas concesiones que ha empezado a hacer (completamente en contra de su discurso extremista), tanto a gobernadores, como demorando algunos aumentos de tarifas, prometiendo sentarse a negociar con los rectores de las universidades, etc; le alcanzan.

La falta de una alternativa popular que canalice políticamente la importante resistencia que se ha venido mostrando en las calles de enero hasta aquí, es la principal ventaja relativa del Mileísmo, para intentar avanzar sobre los derechos del pueblo.

Alberto Cortés ( referente LIGA DE LOS PUEBLOS LIBRES).
4/5/2024

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